Tras el primer intento fallido de aprobar el proyecto de ley “Bases”, el oficialismo vuelve a la carga con un texto más acotado donde se contempla, entre otras cosas, una reducción de las emergencias por las que el Poder Ejecutivo busca tener poderes especiales: de las once facultades delegadas reclamadas originalmente, la Casa Rosada pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso. El núcleo duro de alrededor de 119 diputados renuentes a otorgarle estas prerrogativas al Presidente, está a solo a diez voluntades de frenar las aspiraciones del Presidente en el recinto. Un puñado de legisladores dialoguistas así como de fuerzas provinciales podrían acompañar este rechazo.

“Publica un tuit y se le cae”, analizó un experimentado diputado sobre el posible naufragio de la delegación de facultades si Javier Milei retoma la ofensiva contra el Congreso a través de sus redes sociales. Dimensionó así la tensión que impera entre los legisladores. Se trata de una relación desgasta por los embates directos del Presidente y su Gabinete.

A los 104 diputados de Unión por la Patria (UP) y la izquierda se les adicionan seis de la Coalición Cívica que ya adelantaron que no acompañarán la cesión de poderes especiales a ningún gobierno. Tampoco lo harán los dos diputados socialistas, ni las legisladoras de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer (GEN) y Natalia de la Sota (PJ). Hay que sumarles también a los cinco radicales díscolos referenciados con Facundo Manes, críticos de la gestión libertaria y renuentes a seguir las órdenes de los gobernadores del partido, que buscan hacer equilibrio con el gobierno nacional.

A estos legisladores podrían acompañarlos un puñado de radicales cercanos al presidente del partido, Martín Lousteau, que está en una guerra declarada contra Milei y su tropa. La misma actitud podrían adoptar los dos diputados cercanos al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantiene una silenciosa batalla con la Casa Rosada por los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic, paralizadas por falta de financiamiento. En la Cámara alta, la tropa de Vidal no solo rechazó el DNU 70/2023 sino que hasta le negó al Presidente la autorización para ausentarse del país, algo poco frecuente en la praxis parlamentaria.

“Si nos siguen presionando va a haber varios de nuestro bloque que se van a negar a votarle las facultades al Gobierno”, indicó un diputado de Hacemos, con 22 integrantes, a este medio. De hecho, durante el primer tratamiento de la ley Bases, los cordobeses Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, alineados con el gobernador Martín Llaryora, le bajaron el pulgar a la cesión de poderes especiales. Con el “Pacto de Mayo” a la vuelta de la esquina, es probable que los mandatarios provinciales saquen a relucir sus sutilezas para evitar la confrontación directa con el gobierno nacional.

La disposición al diálogo que escenificaron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue un gesto que los bloques de Pro, UCR y Hacemos Coalición Federal celebraron. Sin embargo, por lo bajo muchos de ellos desconfían de la voluntad del Gobierno de consensuar alguno de los puntos en los que todavía no logran ponerse de acuerdo, como la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la recomposición de los haberes jubilatorios.

La modificación de la fórmula de movilidad previsional por DNU, de hecho, generó un revuelo interno en la UCR. Media docena de legisladores radicales –con los que se podría haber conseguido el quorum– aceptaron no sumarse a la sesión pedida por el bloque de Miguel Ángel Pichetto con el compromiso del oficialismo de motorizar el debate de los haberes jubilatorios en comisiones. Su idea, que transmitieron a la administración libertaria, era lograr un despacho que pudiera ser llevado al recinto a principios de abril.

Tras la negativa de José Luis Espert de convocar a un plenario de comisiones junto a Previsión y Seguridad Social, presidida por la legisladora radical Gabriela Brouwer de Koning, los correligionarios experimentaron un primer cimbronazo que los dejó mal parados. La estocada final llegó con el anuncio de la promulgación de un decreto para establecer una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, que dejó en evidencia la manipulación a la que se sometieron para frustrar el intento de un sector de la oposición de marcarle la cancha al Gobierno.

“Esto demuestra que no podemos confiar en la palabra del oficialismo. Las decisiones las toma Milei, es solo él”, señaló a LA NACION el diputado bonaerense Pablo Juliano (UCR), quien dio quorum para debatir la reforma previsional. Dijo además que al Poder Ejecutivo “le faltan argumentos” para, en esta nueva etapa, solicitar la delegación de facultades.

Mentirosos!
Avísenle al Presidente que sus Diputados NO fueron a tratar la ley de movilidad jubilatoria la semana pasada.

El cambio se hace con la verdad o no se hace. pic.twitter.com/VoghSeqfC9

La insistencia de la administración libertaria de reimplantar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias podría engrosar las filas del rechazo. Solo una porción de los gobernadores estarían dispuestos a compensar sus rojos fiscales con este impuesto coparticipable. Otros no quieren afrontar el costo político que implicaría, en un contexto recesivo y de caída de ingresos, que un millón y medio de trabajadores vuelvan a pagar este tributo.

Los que lideran este último grupo son los patagónicos de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, los mismos que en el Senado bajaron línea a sus legisladores para que rechazaran el megadecreto de Milei. Llaryora también advirtió que el piso mínimo no imponible propuesto por el Gobierno es demasiado bajo y habló de cambiarlo por un “impuesto a las grandes fortunas”.